El Ayuntamiento de Valencia pierde un juicio por despido y cesión ilegal de cuatro trabajadoras de la Concejalía de Juventud

CCOO nos informa de lo siguiente:

El Juzgado de lo social nº 8 dictó una sentencia, que ahora ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, por la que se condena al Ayuntamiento de Valencia por cesión ilegal y despido de cuatro trabajadoras. Además le condenan a pagarles los salarios de tramitación, las costas la indemnización y recargo por mora. La noticia salió el sábado en prensa denunciada por el grupo de EU

El tema consiste en que el Ayuntamiento tiene privatizado el servicio de información para personas jóvenes sobre vivienda, hipotecas y alquileres en la Delegación de Juventud desde 2004. La empresa privada contrató a personal para este servicio. Pero este personal, según recoge la sentencia, tenía una implicación directa con el Ayuntamiento ya que “prestaban servicios en locales de la Concejalía de Juventud, utilizaban cuentas de correo” municipales, “aplicaciones informáticas del Ayuntamiento”, “un servicio sms” de esa concejalía y estaban al mando directo de funcionarios y funcionarias municipales. Es decir, se trataba de una suplantación de empresa.

Al ser despedidas de la empresa concesionaria, las trabajadoras decidieron recurrir el despido y sus condiciones de trabajo. El juzgado les ha dado la razón por dos veces y condena al  Ayuntamiento por despido improcedente, cesión ilegal de trabajadores y a readmitirlas o indemnizarlas.

Para CCOO, el Ayuntamiento debe tener la dignidad suficiente en reconocer el error y debe readmitirlas como lo que la sentencia les considera: trabajadoras directas de la Concejalía de Juventud.

La gestión de la Concejalía de Juventud (prestadora del servicio) y de la de Personal (encargada de la política de contratación laboral) no puede empeorarse más. A privatizaciones encubiertas, amortizaciones de plazas, horarios genéricos y especiales impuestos, etc., se une ahora este escándalo.

Encima, esta mala gestión va a costar dinero a la ciudadanía. ¿Por qué no pagan las indemnizaciones y las costas los concejales implicados de su bolsillo?

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